Cartilla - Por la equidad y la inclusión social[1]
La discriminación, violencia y exclusión social originadas a causa de la orientación sexual y/o identidad de género de las personas es una constante en el tiempo, y afecta a un importante sector de la comunidad nacional. Estas condiciones se producen con el silencio del Estado, que omite legislar y promover los mecanismos que garanticen la igualdad ciudadana para este sector de la población.
Frente a esta situación, el Plan de Gobierno -que asume la defensa de la dignidad de las personas como fundamento de los derechos humanos y la democracia misma- se propone cumplir con la obligación del Estado como garante de la dignidad e igualdad de derechos para todas y todos, mediante las siguientes orientaciones y acciones inmediatas:
· Generar un marco normativo que garantice el reconocimiento, defensa, promoción y ejercicio pleno de todos los derechos humanos y ciudadanos para todas las personas, sea cual fuera su orientación sexual, en igualdad de condiciones y sin restricción alguna.
· Desarrollar programas y políticas públicas en el campo de la educación, salud, trabajo y seguridad ciudadana, entre otros, orientadas a eliminar la violencia y discriminación hacia las personas y comunidades LTGB, y superar las brechas que dificultan el pleno acceso a la ciudadanía.
· Promover una Consulta Nacional para la elaboración, aprobación e implementación de un Plan Nacional para la Promoción y Defensa de la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
· Promover y aprobar la Ley de Igualdad y No Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
· Promover y aprobar la Ley Contra los Crímenes de Odio motivados por la raza, etnia, orientación sexual, identidad de género o estado de salud de la víctima, entre otros, e instaurar el 31 de mayo como Día Nacional de Lucha Contra la Violencia y los Crímenes de Odio hacia LTGB.
· Garantizar el acceso universal en prevención, atención y diagnóstico en VIH y sida para las poblaciones más afectadas por la epidemia, así como el acceso temprano al tratamiento antirretroviral (TARGA), de infecciones oportunistas y de efectos colaterales para las personas con VIH.
· Penalizar los casos de violencia que se ejerce impunemente contra las personas de los grupos LGTB.
· No discriminar por motivos de opción sexual al acceso de empleos públicos o privados.
· Incorporar la orientación sexual e identidad de género como categorías protegidas en el ordenamiento jurídico nacional.
· Promover la implementación de la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, la ratificación irrestricta de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y la suscripción de la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género en Naciones Unidas.
[1] Referencia: Capítulo 7, Sección 7.3.3 Políticas para la Inclusión Social, Plan de Gobierno 2011-2016.
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